América Latina y el Caribe se encuentra en medio de la “Cuarta revolución industrial”, que involucra la innovación tecnológica y que requiere mejorar la productividad del sector de los servicios, invertir en capital humano y reconfigurar la normativa laboral y las políticas de protección social, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial.
Estas prioridades de política se tornan aún más urgentes ahora que la pandemia de COVID-19 está provocando la mayor contracción en la actividad económica desde la gran depresión. La digitalización acelera esta transformación tecnológica, algo que podría hacer peligrar puestos de trabajo en toda la región de América Latina y el Caribe, y se vuelve más importante a la hora de impulsar la actividad económica en un momento de distanciamiento social.
De acuerdo con Efecto viral: COVID-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe, es possible que se profundicen las transformaciones laborales que comenzaron a observarse en las últimas décadas, y la pregunta que debemos hacernos en este contexto es cómo recuperarnos de esta disaster y reconstruir de una mejor manera.
“Debemos repensar el futuro y no solo intentar volver al lugar donde estábamos previo a esta pandemia”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Los gobiernos deben encontrar la manera de apoyar la creación de nuevos puestos de trabajo, capacitar a los trabajadores para que estén preparados para esos empleos y acompañar a los ciudadanos a lo largo de esta transformación disruptiva”.
La desindustrialización prematura y la innovación tecnológica acelerada demandarán políticas que apoyen una transformación paulatina del trabajo que sea socialmente aceptable.
La región ya estaba en dificultades tras la finalización de la llamada “década dorada” (2003-2013), de rápido desarrollo y fuertes mejoras en los indicadores sociales. El crecimiento económico y la reducción de la pobreza se estancaron. La pandemia sólo empeoró esta situación.
Si bien el miedo a un posible “desempleo tecnológico” masivo es en gran medida infundado, muchos puestos de trabajo corren peligro debido a la menor demanda externa, a un período prolongado de cuarentenas y aislamientos, problemas de solvencia empresarial y, en algunos casos, disaster financieras. Asimismo, los disturbios sociales vistos en 2019 representan una advertencia. Urge recuperar la senda del crecimiento económico y crear más y mejores puestos de trabajo.
Sin embargo, esta “Cuarta revolución industrial” de innovación tecnológica significa que, para muchos países en desarrollo, las posibilidades de alcanzar un mayor nivel de industrialización o reindustrialización son limitadas. Los trabajadores de baja remuneración y aquellos en actividades de alto contacto, típicas del sector casual, corren el mayor riesgo de ser reemplazados por máquinas.
Además, es más difícil llegar a los trabajadores informales con programas de protección social. La disaster de COVID-19 podría acelerar estos cambios, haciendo que el futuro se haga realidad mucho antes de lo previsto.
Con poco espacio para el crecimiento del empleo industrial, la modernización del sector servicios debe ser una prioridad. Esto exige poner especial atención en eliminar las distorsiones que impiden que la competencia y la innovación tengan lugar a pasos acelerados.
Es basic preparar a los trabajadores para estos cambios. “La educación ofrece el mejor reaseguro frente a la amenaza de la automatización”, dijo el autor principal del informe, Guillermo Beylis, economista de investigación en la Oficina del Economista en Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Los trabajadores tendrán que adaptarse a la demanda de habilidades cognitivas o analíticas, así como interpersonales”.
Los cursos de capacitación y reconversión para adultos serán claves a medida que los países de la región adoptan las nuevas tecnologías de automatización. El foco debe estar puesto en reformas normativas que incrementen la productividad del sector servicios, que ya emplea al 60% de la fuerza laboral y que jugará un papel cada vez más importante en el futuro.
Por último, se necesita un replanteo de las normativas laborales y de protección social. Esto implica una regulación versatile de las formas de trabajo incipientes que promueva el empleo y respalde la formalización, ampliando de esta manera la cobertura de la protección social a sectores más amplios de la población.
