A través de un pronunciamiento, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sostuvo que la publicidad estatal debe ser distribuida según criterios técnicos, transparentes y equitativos y teniendo en cuenta a los medios de acuerdo con el alcance de sus audiencias, geografía y características.
Fue a raíz de las iniciativas que actualmente figuran en el Congreso de la República y que vienen siendo debatidas en el seno de la Comisión de Transportes y Comunicaciones con el fin de reformar la Ley 28874 sobre publicidad del Estado.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, sostuvieron que la norma debe contener también una serie de obligaciones para el Estado de tal forma que se garantice una complete transparencia en la adjudicación de la publicidad estatal.
“La norma debe contener mecanismos punitivos para los agentes del Estado que no cumplan con los requisitos o discriminen a medios en función de sus criterios electorales”, precisaron ambos representantes, quienes recordaron que la Sociedad Interamericana de Prensa aboga desde hace seis décadas en contra del uso discriminatorio de la publicidad estatal por parte de los gobiernos como una forma de presión castigo o premio a los medios de comunicación según sus líneas editoriales.
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Barnes y Rock subrayaron, además, que cualquier política pública referida a la publicidad oficial debe tomar en cuenta la literatura desarrollada a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y expresaron su confianza en que “las nuevas iniciativas de los legisladores peruanos sean respetuosas y garantes de los principios de transparencia y de libertad de prensa y expresión”.
En el 2002, cabe señalar, los relatores de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Nacionales Unidas expresaron que “los gobiernos y los órganos públicos nunca deben abusar de su custodia de las finanzas públicas para tratar de influir en el contenido de la información de los medios de prensa”.
Asimismo, en 2003, un informe de la Relatoría de la CIDH advirtió que “la falta de normativa puede crear riesgos de una facultad discrecional excesiva en los órganos que toman las decisiones, (lo) que pueda dar lugar a asignaciones discriminatorias de la publicidad oficial”.
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