Un informe elaborado por la secretaría técnica de la Comisión de Ética recomienda declarar improcedente la denuncia contra el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Fashionable), por los contratos firmados por sus familiares con el Estado, pese a que la ley lo prohíbe.
Según el documento, se señala que los hechos denunciados se encuentran relacionados a los supuestos contratos que habrían suscrito con el Estado la madre, hermana y hermano del congresista Merino por los años 2011 al 2016, periodo en el cual period congresista.
Asimismo, se precisa que se trata de “hechos no realizados por el congresista denunciado, sino aparentemente por familiares”, por lo que la comisión “no tiene competencia para pronunciarse sobre los mismos”.
Recordó que una denuncia comparable se presentó en el 2014 y fue investigada y archivada en esa ocasión, por lo que no se aplicaría el principio non bis in ídem, es decir, no se podrá interponer sucesiva o simultáneamente una sanción por el mismo hecho en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
“En consecuencia, de la evaluación de la denuncia periodística y los descargos presentados, se puede concluir que no se ha infringido ninguno de los principios éticos contenidos en el código y desarrollados en el reglamento, ni los deberes de conducta establecidos en el artículo 4 del código”, detalló.
Diversos contratos con el Estado
Como se recuerda, el pasado 1 de junio el programa “Punto Closing” reveló que los hermanos y la madre del congresista contrataron por más de S/ 200,000 con el Estado peruano pese a estar impedidos de ello.
Según el reportaje, Marco Antonio Merino, Elba Merino, y su madre Elba de Lama, fueron contratistas entre el 2011 y el 2016, cuando el militante de Acción Popular period congresista de la República.
La hermana del legislador, Elba Merino de Lama, contrató por S/ 63,500 por sus servicios como arquitecta al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), así como por la revisión de estudios técnicos para el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el programa nacional de saneamiento rural y un contrato con la Municipalidad de Ramón Castilla. De esta forma, recibió el 2014 S/ 11,000; el 2015, S/ 31,000; y el 2016, S/ 21,500.
En tanto, la madre de Merino contrató por S/ 37,200 con el Estado por el alquiler de una oficina al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), de manera que el 2012, recibió S/ 12,000; el 2013, S/ 14,000; y el 2014, S/ 11,200.
Finalmente en el caso de su hermano, Marco Antonio Merino, el programa señaló que la empresa de la cual es gerente common, “San Joaquín Servicios Múltiples”, fue proveedora del Estado y recibió S/ 100,991 entre el 2011 y el 2016.
Adicionalmente, “Punto Closing” reportó que en febrero del 2020, un mes antes de que Merino asuma nuevamente como congresista y presidente del Parlamento, la empresa en la que su hermano es gerente recibió S/ 27,140 por servicios en el rubro construcción en la Municipalidad de Tambo Grande.
