El 30 de agosto fue un día soleado en Minsk, capital de Bielorrusia. En la fotografía que la oficina de prensa de la Presidencia de Bielorrusia distribuyó a la prensa se ve al presidente Aleksandr Lukashenko caminando, con el Palacio de la República a sus espaldas: lleva un chaleco antibalas negro, una potente pistola a la altura del pecho, mientras que con su mano derecha sostiene un fusil automático que cuelga de su hombro. Más que un mandatario, la imagen sugiere a la de un mercenario que se dispone a salir de caza.
Desde 1994, fecha en que fue escogido jefe de Estado de Bielorrusia, Lukashenko ha ganado las siguientes cinco elecciones consecutivas -en 2001, 2006, 2010, 2015 y 2020-. Los señalamientos relativos a sus prácticas antidemocráticas se han acentuado desde 2010: entonces ordenó meter en prisión a siete de los nueve candidatos que intentaron rivalizar con él. A medida que han ido apareciendo evidencias de hechos fraudulentos en los procesos en los que ha sido reelegido, el discurso y las acciones en contra de sus opositores se han endurecido, a este extremo: a quienes denuncian y protestan se les acusa de prácticas terroristas y se les encarcela, violando las garantías más elementales de cualquier democracia, como el debido proceso y el derecho a la defensa.
Pero las prácticas de coerción política no se limitan a esto. La estructura de poder de Lukashenko cierra medios de comunicación, expulsa a los periodistas extranjeros del país, impone a las empresas la obligación de despedir a los disidentes y mantiene redes de informantes, mientras la KGB bielorrusa, el brazo armado del régimen, espía y encierra en sus calabozos a todos aquellos que claman en contra del autoritarismo cada vez más extremo de Lukashenko.
En los últimos años, y muy especialmente como reacción a las protestas por el fraude electoral que habría cometido en las elecciones del 9 de agosto -de hecho, la Unión Europea ha desconocido los resultados y ha llamado a realizar un nuevo proceso electoral-, Lukashenko ha creado escenas en las que aparece armado, y en algún caso rodeado de militares. Su intención es evidente: intimidar a las personas que protestan en las calles, y también a los millones que, atemorizados y desde sus hogares, siguen los acontecimientos frente a una pantalla.
Otros presidentes armados
Desde 2015, al menos otros tres presidentes, Rodrigo Duterte, Nicolás Maduro y Vladimir Putin, se han hecho retratar con armas en las manos. El caso más grotesco es el de Duterte, presidente de Filipinas desde septiembre de 2016, cuya campaña de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales supera, según las estimaciones más conservadoras, las 30.000 víctimas. En una declaración que dio, pocos días después de asumir la conducción de su país, se comparó nada menos que con Hitler. Dijo que, así como Hitler había liquidado a tres millones de judíos (lo cual minimiza la cantidad actual, que superó los seis millones de muertes), él quisiera “masacrar” a tres millones de drogadictos, para salvar a Filipinas de un inminente naufragio como nación.
Retratarse con un arma en las manos envía un inequívoco mensaje de coacción: le cube al ciudadano que el gobernante está dispuesto a todo para imponer su modo de gobernar y su permanencia en el poder. Con un arma en las manos las dudas se disipan: el presidente no es un hombre común: gobierna con un dedo puesto en el gatillo. Armado, no sólo aumenta la imagen de poderío de su figura, sino que sugiere algo todavía más siniestro para los derechos humanos, la democracia y el equilibrio de poderes: proyecta plena impunidad. Se posiciona como alguien superior, por encima de los hombres y las leyes.
Aunque en la dicotomía histórica de la afiliación política, se encasilla a Duterte como un líder de la derecha, y a Lukashenko, Putin y Maduro como miembros de la izquierda, los hechos demuestran que tienen muchas cosas en común: los cuatro responden a los métodos de intimidación y destrucción de los demócratas propios de bolcheviques y fascistas.
Los cuatro insisten en mostrarse rodeados de militares y uniformados, prestos a cumplir las órdenes que se les dicten. Los cuatro hacen uso de grupos muy especializados de exterminio, militares, policiales o paramilitares, a quienes se les garantiza la impunidad. Los cuatro han dictado leyes que les permiten encarcelar a cualquier disidente bajo la etiqueta de terrorista.
Los cuatro armados, con distinta intensidad, hacen uso de un verbo que está en plena sintonía con la práctica de amedrentar: Lukashenko amenazó con “retorcerle el cuello como si fueran patos” a los cientos de miles que han salido a protestar por el fraude electoral de agosto. Duterte, por su parte, dijo al Papa Francisco: “Quiero llamarlo y decirle, Papa, tú, hijo de puta, vete a casa y no vuelvas más”. Maduro le dijo “basura” a Luis Almagro, secretario normal de la OEA, y “sanguijuela” al ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Estos son apenas algunos ejemplos de cómo las imágenes de los gobernantes en armas suelen estar acompañadas de palabras dirigidas a menoscabar la dignidad de quienes les oponen o les resisten.
